Viernes 17 de noviembre de 2017
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Tras el veto de Macri, fiscal pidió que se suspenda el desalojo del Hotel Bauen

Se trata de Gabriela Boquín hizo lugar hoy a una medida cautelar presentada por los trabajadores cooperativistas. “Han transcurrido siete meses y no sólo no se ha dirimido quién es el juez que resolverá el tema sino que tampoco ha sido tratada la medida cautelar solicitada”, indicó.

La fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, hizo lugar hoy a una medida cautelar presentada por los cooperativistas del Hotel Bauen y pidió que se suspenda el desalojo previsto para el primer lunes de diciembre, luego del veto del presidente Mauricio Macri a la ley que declaró la expropiación del inmueble.

En su presentación, Boquín señaló que se manifestaba en torno a esa medida “atendiendo a la proximidad de la fecha fijada para el desalojo y sin perjuicio de lo que en definitiva sobre el fondo del asunto se dictamine o se resuelva, a fin de evitar que la cuestión a decidir se torne abstracta y teniendo en cuenta la entidad de los derechos sociales en juego”.

“Han transcurrido siete meses y no sólo no se ha dirimido quién es el juez que resolverá el tema sino que tampoco ha sido tratada la medida cautelar solicitada”, indicó la fiscal, en un pronunciamiento publicado por el sitio oficial del Ministerio Público Fiscal.

Boquín dictaminó en el marco de una acción de amparo interpuesta el 20 de marzo pasado con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad del decreto de Macri que vetó la ley que declaraba de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles e instalaciones que componen el edificio del Hotel Bauen y, en consecuencia, se promulgue y publique la ley.

En el mismo escrito, los trabajadores requirieron como medida cautelar de no innovar que se restableciera el estado de cosas que existían con anterioridad al veto, a fin de evitar el desalojo.

El expediente llegó a la alzada ante un conflicto de competencia: al momento de dictaminar, la fiscal Boquín señaló que es competente por conexidad para intervenir en el pleito el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°9, a cargo de Paula Hualde, y la Sala C de la Cámara Comercial (la presentación fue interpuesta inicialmente en el fuero del trabajo, que se declaró incompetente, y luego la jueza hizo lo propio y remitió la causa al Contencioso Administrativo Federal, que también lo rechazó).

Al respecto, remarcó que tanto el juzgado como esa sala previnieron en este conflicto en el marco del expediente en el que se ventilan aspectos vinculados a los discutidos en el amparo: en efecto, el 12 de septiembre pasado la Sala C dispuso en la mencionada quiebra la restitución inmediata del inmueble para el primer lunes de diciembre de este año.

El proyecto legislativo que derivó en la ley 27.344 había sido sancionado el 30 de noviembre de 2016 y contempló la declaración de utilidad pública y la expropiación de los inmuebles y todas las instalaciones que componen el edificio del Hotel Bauen y todos los bienes muebles e inmateriales, incluidos marcas y patentes, que tuvieran relación con la explotación turística, social y comunitaria que se desarrolla en el hotel.

“Si bien su finalidad podría considerarse loable, la concreción de dicho proceso expropiatorio implicaría un severo perjuicio en la posibilidad de asignar por parte del Poder Ejecutivo los recursos económicos disponibles a otras necesidades básicas insatisfechas para el conjunto de la población”, señaló el veto.

El Gobierno había rechazado así que el hotel ubicado sobre la avenida Callao al 300 en la zona del Congreso fuera adquirido por el Estado y cedido a la cooperativa de trabajadores que lo administra desde hace 13 años, tras argumentar que no tenía los fondos para afrontar el trámite.

El proyecto establecía la cesión en comodato de los bienes expropiados a la Cooperativa de Trabajo Buenos Aires una Empresa Nacional Limitada para la consecución de su objeto social, con la condición de dar continuidad a las actividades culturales, educativas y sociales que desarrolla, y de mantener su actividad productiva como fuente creadora de trabajo.

La fiscal Boquín destacó que el amparo es “una acción directa, expedita y operativa de jerarquía constitucional” y que “pretende proteger aquellos derechos de máximo valor”.

Es, indicó, un procedimiento “ágil, breve y rápido para obtener en tiempo propio una decisión jurisdiccional sobre la cuestión invocada”, y al respecto citó normativa constitucional y convencional, y pronunciamientos del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos sobre la obligación de los tribunales de decidir “con celeridad, sobre todo en los casos urgentes”.

Al ser rechazada por el Poder Ejecutivo, la ley volvió al Congreso, que puede ratificarla a pesar del veto pero únicamente con la aprobación de una mayoría especial de dos tercios en cada Cámara, lo que implicaría que la iniciativa quedara firme aún con el rechazo de la Casa Rosada.

Mediabit

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