Miércoles 22 de noviembre de 2017
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El ajuste ya llegó: estatales denuncian el desguace de varias dependencias y programas

Desde ATE aseguran que el presupuesto 2018 trae alarmantes noticias para dependencias como el SENASA, el INTA, INTI y otros sectores. “Hará despidos de personal”, alertan. Además, por falta de recursos de Nación se cierra el Plan Incluir Salud en la provincia de Buenos Aires, con 260 despidos incluidos. “Ni la dictadura ajustó tanto”, se quejan.

Diego Lanese / Especial para Gestión Sindical

Con la reforma laboral y previsional como meta, el gobierno inicia su segunda mitad de gestión con un claro perfil. El triunfo electoral le dio aire para profundizar su plan, que incluye una serie de cambios en el sector productivo, tendientes a bajar lo que llaman “el costo laboral”. Esto es acompañado con un ataque al gasto público, que se puede ver claramente en el proyecto de presupuestos. Por estas horas, en medio del análisis legislativo, el gremio estatal ATE salió a denunciar que con los números planteados por el oficialismo muchas dependencias tendrán serias dificultades de cumplir con sus obligaciones. El caso más concreto es el de SENASA, que verá el año que viene reducido más de un tercio sus recursos, lo que lo deja al borde del desguace. Algo similar ocurre en el INTI, INTA y CONICET, otras de las áreas en problemas. Los recortes llegaron al sector salud, donde por falta de aportes nacionales la provincia de Buenos Aires debió cerrar un programa de asistencia a personas que están fuera de la seguridad social. No se descartan medidas de fuerza para intentar salvar esta situación.

El presupuesto 2018 fue elaborado antes de las elecciones, pero ya definía una serie de variantes que marcan la dirección en materia económica del gobierno. Para ATE, se trata de un “presupuesto de ajuste”, ya que muchas dependencias estatales verán reducido su presupuesto. El caso más claro es el del SENASA, el organismo encargado de la sanidad animal. Bajo el ala de Agroindustria, tendrá un recorte de unos 684 millones de pesos comparado con los cerca de 3 mil millones que se le asignaron en 2017. “la idea del gobierno es cambiar el modo de fiscalización, hacerlo de modo electrónico, lo que traerá seguramente despidos”, le dijo a Gestión sindical una fuente del organismo. Los primeros apuntados son los monotributistas, que en muchos casos están en las denominadas “fronteras secas”, que controlan el transporte de alimentos por vía terrestre, ya sea entre provincias o en la salida del país. “Ellos dicen que sobran trabajadores, pero en realidad faltan”, agregó la misma fuente.

El ajuste en el SENASA se verá potenciado, advierten desde ATE, por la llegada al Ministerio de Agroindustria del titular de la Sociedad Rural Argentina, Luis Etchevere, en ya dejó en claro algunas de las primeras medidas cuando se haga a cargo pleno de la cartera. “En los últimos meses le abrieron sumarios administrativos a muchos trabajadores, la gran mayoría sin causa. La información que tenemos que en breve van a sacar un decreto que todo empleado con un sumario de este tipo podrá ser despedido con causa, incluyendo personal de planta permanente. Es una verdadera locura”, agregó la misma fuente. Otra medida que podría afectar el funcionamiento del organismo es el contrato de veterinarios externos para autorizar la exportación de carne y la puesta en marcha de la llamada “ventanilla única”, lo que unifica los controles de SENASA, Aduana y AFIP, lo que terminará achicando fuertemente el Estado. “Ni en la dictadura se vivieron medidas así”, se quejaron desde el gremio.

Otras entidades que están en esta situación son el INTA, el INTI y el CONICET. En el instituto de tecnología agropecuaria, el nombramiento de Luis Etchevere es una muy mala noticia. “Vamos a terminar como Agricultura familiar”, afirman, en relación a esa dependencia que hoy prácticamente fue desguazada y cerrada. “Quieren abrirle la puerta a la exportación sin control de los sojeros, que con un hombre de la Sociedad Rural en el ministerio será un hecho”, remarcó un delegado de la entidad, consultado por Gestión Sindical. Algo similar sucede en el INTI, que esta semana realizó una medida de fuerza para rechazar los cambios programados por el gobierno. Por esta resistencia, el gremio denunció a la conducción del instituto por “perseguir a los referentes sindicales”. El caso del CONICET es muy conocido, ya que el ajuste llegó el año pasado, con un recorte que dejó afuera del organismo de investigación a unos 500 becarios. La situación sigue sin resolverse, y en los próximos días las organizaciones que nuclean a los científicos realizarán nuevas actividades para reclamar al Ministerio de Ciencia la reincorporación de los becarios.

El ajuste llegó también a la provincia de Buenos Aires, en parte por los cambios realizados por Nación. En octubre, el Ministerio de Salud nacional traspasó a la órbita de la Provincia el plan Incluir Salud, que da cobertura médica a beneficiarios de pensiones graciables que están por fuera de la seguridad social. El traspaso se hizo sin los recursos, por lo que la cartera sanitaria bonaerense se desligó del plan, y la gobernadora María Eugenia Vidal lo incluyó en la órbita del IOMA, la obra social de los estatales. Esta semana, ante los problemas de financiamiento, la Provincia despidió a 260 de los 300 trabajadores del programa, lo que generó su virtual cierre. el propio directos de la entidad decidió renunciar luego de comunicar las cesantías. “Sin los recursos, el Incluir Salud era inviable. El gobierno debía decidir en cerrar el plan o colapsar el IOMA, que atiende a casi tres millones de afiliados. Está claro que eligieron”, le confesó a Gestión Sindical una fuente cercana al Ministerio de Salud bonaerense.

En el análisis del presupuesto, aparecen otros ejemplos de esta realidad. Además, la otra cara de la misma moneda es la subejecución de partidas en sectores sensibles. En Educación, por ejemplo, se estima que al 30 de septiembre sólo se usó el 10,94 por ciento de los recursos del programa de Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica; el 19,16 de lo previsto a Infraestructura y Equipamiento; redujo el 31,35 por ciento en Acciones Compensatorias y el 30,94 en Formación Docente.

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