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de 2024
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Consejo del Salario: gremios presionan por suba del 40% y rechazan descuento por ausentismo

17. 05. 2016

El Gobierno quiere aumentar 30% el mínimo, vital y móvil para que llegue a 8.000 pesos. Lo haría en dos etapas. También incrementará el seguro de desempleo a $3.000 y pondrá en debate el presentismo de los trabajadores.

El sindicalismo se prepara para ir con los tapones de punta al Consejo del Salario al que convocó el gobierno de Mauricio Macri el próximo jueves. Presionarán para que el sueldo mínimo vital y móvil aumente entre el 35% y 40% -no el 30% como pretende la Casa Rosada– y rechazarán cualquier intento de debatir descuentos de sueldo o limitaciones al derecho de huelga.

El organismo tripartito que reúne a empresarios, gremialistas y funcionarios del gobierno fue convocado para el 19 de mayo y estarán presentes por primera vez los representantes de las cinco centrales obreras, Hugo Moyano (CGT Azopardo), Antonio Caló (CGT Alsina), Luis Barrionuevo (CGT Azul y Blanca), Hugo Yasky (CTA) y Pablo Michelli (CTA disidente).

Según adelantó el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, la semana pasada, se planea incrementar el salario mínimo de los actuales $6.060 a cerca de $8.000 en dos etapas. Esto tiene un impacto directo sobre menos de 200.000 trabajadores no alcanzados por convenios colectivos, pero en forma mediata -aseguran los funcionarios- opera como eventual referencia para los planteos de ajustes de los empleados no registrados y de los monotributistas.

También se establecerá el valor del seguro de desempleo, que actualmente es de tan sólo $400 porque no se actualiza desde hace diez años. En medio de la ola de despidos en el sector público y privado, el plan del Gobierno es llevarlo hasta los 3.000 pesos.

Pese a que desde Cambiemos niegan que se haya incrementado el desempleo en los últimos meses, según estadísticas de consultoras privadas, los despidos entre enero y abril totalizaron casi 140.000, de los cuales casi 100.000 corresponden a empresas privadas.

En declaraciones radiales, Triaca expresó que «también es importante discutir muchos de los temas que tienen que ver con la caída en la producción, con el alto nivel de ausentismo en algunas industrias que tiene que ver con el problema de adicciones en muchos sectores del trabajo».

Al respecto, la directora Ejecutiva de la Sociedad de Estudios Laborales (SEL), María Laura Cali, aseguró que «hoy las empresas ven como un problema importante el ausentismo» de personal, el cual se estima que se ubica en el 7% del mercado.

E indicó que se ha incrementado la incidencia de las enfermedades psicológicas en la ausencia de personal.

«Es un tema complicado, con los sindicatos en el medio no creo que sea tan factible» la idea de Triaca de debatir el descuento de los días a los trabajadores que hagan huelga.

No obstante, coincidió con Triaca que es preciso abordar el ausentismo con los gremios, e indicó que de acuerdo a datos de 2015, un tercio de las grandes empresas considera que la tasa de ausentismo de personal aumentó.
«Hay muchas acciones puntuales para evitarlo. El 87% descuenta los días. El 86% descuenta premios por presentismo», señaló.

Esta inclusión en el temario del Consejo del Salario levantó indignación y repudios unívocos en los sindicatos. La respuesta más dura vino de Pablo Moyano hijo del líder de la CGT Azopardo, que en radio Del Plata expresó su «rechazo total, no sólo del gremio sino de toda la CGT y del conjunto del movimiento obrero».
«Macri es Menem sin patillas; con estas medidas volvemos a los años 90, con esta posibilidad del Gobierno de limitar el derecho a huelga. No lo va a poder hacer», advirtió.

En igual sentido se pronunció Micheli: «Rechazo total. Si intentan ir por ese lado, es para patear la pelota afuera de la cancha y no lo vamos a permitir», sostuvo.

En la CGT, sin embargo, algunos dirigentes interpretaron en reserva que el objetivo central del Ejecutivo será limitar la conflictividad en el Estado, en donde las protestas y huelgas son más habituales que en el sector público. En particular se cree que la idea apunta contra la Asociación de Trabajadores del Estado, una organización minoritaria en el sector público respecto de la Unión del Personal Civil de la Nación, pero mucho más combativa.

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